El trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un entramado criminal que, entre abril y agosto de 2014, presuntamente direccionó seis fallos en favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en Atlántico.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente a la procuradora delegada Faicy León Mass por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio; a la asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico, María Milagros Navarro Lobo, por cohecho impropio y cohecho propio; y los abogados Victoriano Apolinar Sierra Nerio, Yenny Bustamante Toscano, Yina Paola y Sindris María Benthan Arias, por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
La investigación da cuenta de varios eventos en los que los procesados habrían intervenido.
Inicialmente, se conoció que los abogados, al parecer, le dieron 10 millones de pesos a un juez Administrativo de Barranquilla y otra suma a una juez de Sabanalarga a efectos de obtener una rápida y favorable decisión en un caso tramitado en esos juzgados.
De otra parte, se estableció que Navarro Lobo proyectó una sentencia en la que el Tribunal
Administrativo de Atlántico ordenó a la Policía Nacional indemnizar a un grupo de personas,
decisión que fue avalada por la procuradora León Mass. Al parecer, en estas actuaciones
medió la entrega de 12 millones de pesos repartidos entre las dos funcionarias.
En otro hecho, la servidora del tribunal presuntamente acordó que recibiría 20 millones de
pesos para promover un fallo de segunda instancia que declarara responsable a la Policía
Nacional por el posible actuar irregular de un uniformado que dejó varias personas afectadas.
Asimismo, se acreditó que la procuradora habría intercedido en el aplazamiento del reparto
de una decisión de segunda instancia, de tal manera que el expediente llegara a un juzgado que beneficiara los intereses de varios recicladores, representados por los abogados acusados y que pedían no ser desalojados de un área de espacio público en la zona portuaria.
Finalmente, la procuradora y los abogados ofrecieron y entregaron dinero a un funcionario
judicial encargado de proyectar y/o suscribir un fallo de primera instancia. Aquí se acreditó
que conocieron la decisión anticipadamente como garantía de que saldría a su favor y así
poder desembolsar la suma pactada.
