En el segundo día de la Asamblea del BID, se marcó un hito en la transformación digital de la justicia en Colombia gracias al respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo a través de la aprobación de un crédito hasta por 500 millones de dólares para los próximos 12 años.
En presencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, se llevó a cabo la firma de la carta de intención de este empréstito histórico con el que la banca multilateral materializa su apuesta porque Colombia sea el país pionero de América Latina en materia de digitalización de la justicia.
La primera operación del crédito será por 100 millones de dólares para los próximos cuatro años. Al respecto el presidente Duque mencionó tres beneficios a corto plazo: “primero, con la digitalización de los expedientes hay transparencia, trazabilidad y forma de acceso en tiempo real para poder advertir y facilitar todas las instancias procesales ante las altas cortes; segundo, digitaliza y permite sistematizar todos los precedentes jurisprudenciales para la consulta de quienes administran justicia; y, tercero, permite ahorros estructurales en cuanto a la reducción de emisiones dentro de la función administrativa de la rama judicial”.
En este último aspecto, el mandatario destacó como algo muy importante que, en la medida en que se evoluciona hacia el expediente electrónico, solamente en el primer año el uso del papel se reduciría en un 60%, y esto implica una reducción de casi el 80% en los costos de transporte de papel para el funcionamiento de las altas cortes.
El presidente del BID reafirmó la importancia de este proyecto, en cuya estructuración se destaca el trabajo mancomunado de todos los actores de la rama judicial, puesto que “busca incrementar la efectividad, la eficiencia y la transparencia en el sistema judicial” y eso conlleva a “mejorar la calidad de vida de los colombianos”.
El 95% del crédito estará destinado a la rama judicial y será ejecutado por el Consejo Superior de la Judicatura. Mientras que el restante 5% irá para las entidades del ejecutivo que cumplen funciones jurisprudenciales y tendrá al Ministerio de Justicia y del Derecho como ejecutor.
“Con el Plan de Modernización Digital de la Justicia se transformará a la rama judicial, haciéndola más cercana, ágil y oportuna para el ciudadano, al darle herramientas para cumplir una labor más eficiente. Los ciudadanos deberán acostumbrarse a un servicio de justicia totalmente digital”, puntualizó Duque.
Retos en el camino a la digitalización
Durante el conversatorio Retos de la justicia, en el segundo día de la agenda Circuito Colombia, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, manifestó que la modernización de la justicia debe realizarse de manera coordinada entre los entes de la rama judicial. “Hace 25 años estamos trabajando en tecnología y modernización, y no habíamos avanzado porque cada ente lo hacía a su manera. Todos los actores deben actualizarse y trabajar de una manera coordinada para que eso se vea reflejado en entregarle al ciudadano lo que está reclamando”, dijo Cabello.
El ministro de Justicia, Wilson Ruíz, destacó que la justicia debe enfocarse en una transición digital para que el servicio al ciudadano sea más eficiente, al tiempo mencionó que en un año se gastan 15.000 millones de pesos en el trámite de tutelas. “La modernidad de la justicia implica presentar un poder, una demanda o una solicitud de manera electrónica. Es un proceso que va a ser a doce años, pero vamos a arrancar con los primeros cuatro hasta 2025. La justicia digital va a ser lo más grandioso que nos pueda pasar en el país”, afirmó el alto funcionario.
Pensando en el bienestar social que las reformas a la justicia deben garantizar, Lea Giménez, jefa de la división de Innovación para Servir al Ciudadano del BID, expresó que “es indispensable demostrar al público que la reforma de la justicia está bien pensada y que va a beneficiar a los ciudadanos. La modernización y digitalización de la justicia debe tener como pilar fundamental la seguridad jurídica. Se necesita además una gobernanza entre los actores implicados, donde la lucha contra la corrupción sea constante, para fomentar la confianza ciudadana”.
A su vez, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, explicó que “el problema de la justicia es un tema estructural: los jueces necesitan herramientas, los ciudadanos mayor acceso y necesitamos mayor administración de recursos”.
Finalmente, el Magistrado del Consejo de Estado, Roberto Serrato, aseguró que “los funcionaros judiciales tenemos que entronizar con la idea de que la virtualidad vino para quedarse. El abogado que litiga debe tener una formación que le permita interactuar con la tecnología”.
