Ante las presuntas irregularidades detectadas en la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, Ocaña y Miami en los Estados Unidos, la Fiscalía General de la Nación llamará a más de diez empleados del alma mater, para que respondan por el apoderamiento de una suma multimillonaria de dinero, y la venda de algunas propiedades, entre otras, que la llevaron a la actual crisis económica.
Este medio de comunicación conoció que la investigación será asumida por un fiscal delegado de la capital del Atlántico, quien llamará a miembros de la junta directiva de la universidad, incluyendo a Ramsés Vargas, y a los encargados de manejar la parte de las comunicaciones (actuales y salientes), quienes serían las personas que hacían llegar a los medios información errada, para desviar la atención de la crisis universitaria lo que los harían partícipes de las presuntas irregularidades, al igual que las personas que manejaban las finanzas de la universidad.
Aunque no fue confirmada la información, la Fiscalía estaría investigando la posible comisión, entre otros, del punible de concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con informaciones conocidas por este medio de comunicación en la aprobación del presupuesto de 2014, en la Uniautónoma, el rector Ramsés Vargas Lamadrid presentó el proyecto y solicitó que fuera aprobado por los miembros de la junta directiva, donde “lo autorizaban para realizar traslados, aumentos, reducciones presupuestales y además reajustes sin limitación y poder sortear las vicisitudes o imprevistos propios de la gestión presupuestal”. Todos los miembros de la junta aprobaron el presupuesto proyectado por Ramsés Vargas.
