En al menos seis (6) ciudades de Colombia, miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) estarían exigiendo sobresueldos a las administraciones municipales, como condición para trasladar a establecimientos carcelarios a los detenidos que se encuentran hacinados en sitios de reclusión transitoria de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y en estaciones de Policía.
Esta situación fue advertida en las ciudades de Medellín, Pasto, Cúcuta, Pereira, Villavicencio y Barranquilla, donde los representantes del Inpec se estarían negando a prestar el servicio. El hacinamiento carcelario es de tal gravedad que, además de obligar a la suspensión de operativos de seguridad ciudadana en Medellín, ha dado lugar a situaciones similares en otras ciudades:
En Medellín, la sala de paso tiene cupo para 30 personas y hoy alberga 94. Durante el fin de semana, el Inpec les suministró la alimentación y se han presentado varios intoxicados.
En Santa Marta, donde se preveían cerca de 80 capturas en un operativo contra la violencia sexual, fue necesario suspenderlo al llegar a 33 detenidos, por la inexistencia de cupos suficientes para detener a los presuntos delincuentes. La sala temporal tiene cupo para 8 personas.
En Pasto, hay 78 personas detenidas en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), cuando el cupo es apenas para 25. El Inpec recibe de 2 en 2 y le da prioridad a los detenidos de la Policía.
En Cauca, hay 36 personas privadas de la libertad en las URI, cuando el cupo es apenas para 15. En todo el departamento hay 108 privados de la libertad en estaciones de Policía.
En Buenaventura, sólo existe una cárcel distrital. Por falta de cupos, 193 personas fueron ubicadas en una bodega, sin las condiciones mínimas de salubridad porque los funcionarios del Inpec no quieren recibirlas. Esto ha obligado a la Policía a crear turnos de 20 agentes para ejercer vigilancia.
En Pereira, los guardianes del Inpec son quienes determinan qué detenidos ingresan a las cárceles. El cupo en la sala del CTI es de 4 personas y en este momento hay 11. Uno de los capturados huyó por cuenta de esta situación.
En Cúcuta hay 19 personas detenidas en la celda del CTI, cuando el cupo es para 10. De esas, 6 tienen medida de aseguramiento, y se suman a las 263 que hay en estaciones de Policía.
En Villavicencio, la capacidad de la URI es para 55 personas y hay ocupación de 112. Como no hay cupos suficientes, 32 personas están recluidas en guarniciones militares, 56 en la estación de Policía de Villavicencio, 7 en la de Acacías, 18 en la de Cumaral, y 8 en la de Restrepo.
En San José del Guaviare sólo existe una cárcel municipal que no tiene capacidad de recibir presos peligrosos, por lo que se ordena su traslado a Villavicencio. Tiene cupo para 60 personas, hoy hay 95. De esos, 30 tienen condena. Muchos pertenecen al Clan del Golfo y otras organizaciones Tipo C.
En Barranquilla, la URI tiene capacidad para 30 personas y hay 80 detenidos. 42 tienen medida de aseguramiento y algunos llevan hasta 7 meses en este lugar. Llama la atención que en un municipio del Atlántico, en el que la Administración Municipal habría cedido a las exigencias económicasde funcionarios del Inpec, el traslado de los reclusos aestablecimientos penitenciarios fluye normalmente.
La Fiscalía investigará la veracidad de estos hechos y determinará si, eventualmente, podrían estar resentándose delitos como extorsión, constreñimiento, concusión, prevaricato y peculado, entre
otros.
