Por solicitud de la Presidencia de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación concentró sus labores investigativas para verificar la posible existencia de actos de corrupción en la Secretaría General del Alto Tribunal, en los que presuntamente fueron acordados pagos de dinero para garantizar la selección y direccionamiento de tutelas.
En las indagaciones, se pudo constatar que Jairo Yovanni Caicedo Rojas, funcionario administrativo de la Corte, habría recibido dádivas para interceder en el curso de las acciones de amparo presentadas. Con suficiente acervo probatorio y evidencia física, como fotografías en las que quedó registrado el momento de la supuesta entrega de la suma solicitada y controles técnicos a las comunicaciones, el fiscal de conocimiento obtuvo la respectiva orden de captura, la cual se hizo efectiva en el día de hoy.
Caicedo Rojas se desempeñaba como funcionario administrativo de la Corte Constitucional desde 1995 y, actualmente, estaba adscrito a la Secretaría General de la Corporación. Según el fiscal del caso, hasta el momento hay material testimonial, fílmico y fotográfico y electrónico que lo vincularía a dos hechos de corrupción:
- El extraditado narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo, interpuso una tutela relacionada con su proceso en Justicia y Paz, la cual llegó a la Corte Constitucional para su eventual revisión en febrero de 2016. Jairo Yovanni Caicedo Rojas convino con el abogado defensor del accionante pagos entre $50’000.000 y $100’000.000 para garantizar que la tutela entrara en reparto y llegara a un despacho específico. El monto aumentaría a $2.000’000.000 en el evento de obtener un fallo que favoreciera a alias el Mellizo. Por este trámite ilegal, el funcionario habría recibido $800.000.
- En octubre de 2016, Caicedo Rojas pactó su intermediación ilícita para que una tutela presentada por Adriana Patricia Páez Ortega, esposa de un señalado narcotraficante de los Llanos Orientales vinculado a la organización de Carlos Ledher, fuera decidida favorablemente y le permitiera recuperar un bien que había entrado en proceso de extinción del derecho de dominio. Las evidencias recopiladas indicarían que, por este caso, el funcionario de la Corte Constitucional hablaba de $50’000.000 y $70’000.000 para que la acción fuera revisada; monto que sería de $700’000.000 más por un fallo favorable. En esta oportunidad, Jairo Yovanni Caicedo Rojas habría recibido $5’000.000.
El funcionario judicial será presentado en audiencias de control de garantía ante un juez municipal de Bogotá y la Fiscalía imputará cargos en su contra por cohecho en concurso heterogéneo.
La Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional seguirán trabajando mancomunadamente para retribuir la confianza depositada por los colombianos con una administración de justicia eficaz y trasparente.
