El Juzgado Promiscuo Municipal de Margarita (Bolívar) cobijó con detención domiciliaria a José Joaquín Castro Rodríguez, Lisbeth Mercado Cuevas y a Ana María Fuentes Pérez, por los delitos de estafa agravada en modalidad de delito masa y falsedad material en documento público agravado que les imputó la Fiscalía.
Estas tres personas, que hacen parte de la fundación Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de las Familias (Asofami), son señaladas de estafar a unas 200 personas en Mompós (Bolívar) y poblaciones cercanas, ofreciéndoles licenciaturas y cursos a nombre de la Universidad del Atlántico.
Los hechos fueron denunciados por un anónimo el 21 diciembre de 2016. El 30 del mismo mes, es decir una semana después, la Fiscalía, el secretario de Educación de Mompós, Fabio Arevalo; el personero, Duván Arevalo; algunos representantes de la Universidad del Atlántico, y la Policía llegaron a las instalaciones a realizar una inspección y se encontraron con una graduación.
En ese momento, los indiciados estaban en el lugar, por lo que esperaron que se terminara el acto. Al acercarse a la mesa principal hallaron dos diplomas marcados, y a la salida del auditorio incautaron 14 más.
Durante las entrevistas a los detenidos y a las presuntas víctimas, la Fiscalía determinó que Castro Rodríguez es el coordinador de la Fundación, Mercado Cuevas es su esposa; y Fuentes Pérez, la secretaria.
Durante las investigaciones verificaron los vínculos de esta institución con la Universidad del Atlántico, y el alma mater dijo que “con fundamento en la información contenida en las bases de datos, no existe o se encuentra en trámite convenio con Asofami para dictar nuestros programas”, aclaró la institución.
Los diplomas que incautaron eran de personas que cursaron hasta dos años de carrera en las licenciaturas: Fortalecimiento en Estrategias Pedagógicas aplicadas en la Primera Infancia; Educación Infantil, Cultura Física Recreacional y Deporte; Básica Primaria con énfasis en Ciencias Naturales, y Ciencias Sociales y Biología Química.
De esta manera, uno de los afectados contó que pagó 190 mil pesos por la inscripción y 740 mil pesos por cada semestre, es decir invirtió para hacerse licenciado un promedio de 2 millones 960 mil 190 pesos.
En la audiencia de imputación de cargos José Joaquín Castro Rodríguez y Lisbeth Mercado Cuevas aceptaron su responsabilidad, mientras que Ana María Fuentes Pérez no se allanó a cargos.
La Fiscalía General de la Nación hace un llamado a las personas que se sientan afectadas por estos hechos para que se acerquen a denunciar.
