En una labor coordinada entre la Gobernación del Atlántico, Arcos, Triple AAA y la Policía Nacional, continúan realizándose los operativos contra el robo de agua potable en el departamento. En lo corrido del año, los operativos en el acueducto costero han dejado al descubierto hoteles, construcciones, ventas de lotes, casas recreativas, fincas y centros turísticos, que se conectan de manera ilegal a las redes del servicio de acueducto, alterando la prestación normal del servicio.
“Este año no hemos cesado la vigilancia al acueducto costero y hemos dado duros golpes a los defraudadores de agua potable en el departamento, gracias a un esfuerzo interinstitucional entre la Gobernación, Arcos, Triple AAA y la Policía Nacional. Durante lo corrido del año, las entidades venimos haciendo un trabajo riguroso, donde identificamos previamente los puntos del fraude y en el operativo se imponen comparendos, se inician procesos judiciales y se desconecta el fraude”, afirmó la secretaria de Agua Potable, Lady Ospina.
Asimismo, la funcionaria felicitó a todos los atlanticenses que se han unido a esta iniciativa como ‘guardianes del agua’. “Seguimos invitando a todos a denunciar este delito que afecta el correcto funcionamiento de los sistemas de acueducto, para seguir ofreciendo un servicio óptimo y de calidad en la parte costera del departamento”, agregó Lady Ospina.
En el último operativo, desarrollado por el grupo antifraude, se dio un duro golpe a los defraudadores de agua en las playas de Puerto Caimán, donde se encontraron conexiones ilegales que causaban la pérdida de 500 metros cúbicos de agua potable por día.
“Estamos en la playa de Puerto Caimán y continuamos con los operativos antifraude que castigan esta mala práctica de algunos atlanticenses, pero que le hacen tanto daño a la prestación del servicio de acueducto. En este caso encontramos una tubería fraudulenta de dos pulgadas, en donde estimamos unas pérdidas de 500 metros cúbicos al día; además, se encontraron fugas que aumentarían el daño”, afirmó el gerente del Acueducto Costero, Ramiro Osorio.
Según el código penal, en su artículo 256 de la Ley 599 del 2000, «el que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y en multa de 1.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Además, el código de Policía en su artículo 31 establece que modificar o alterar redes o instalaciones de servicios públicos acarrea una sanción de 367.709 pesos.
Los operativos de vigilancia sobre los acueductos del departamento se vienen realizando de manera periódica y con la ayuda de la comunidad, que junto al equipo técnico vienen identificando los puntos que afectan el correcto funcionamiento del servicio de acueducto en el Atlántico.
