La Fiscalía General de la Nación verificó varias alertas hechas por la Contraloría General de la República que daban cuenta de presuntas irregularidades en el manejo de recursos en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y detectó 220 contratos que habrían sido suscritos irregularmente en 2016.
De acuerdo con el material probatorio recopilado, nunca se cumplió con el objeto de los citados contratos que contemplaban obras de limpieza y mantenimiento de arroyos, caños y reservorios, y parte de los 28.000 millones de pesos destinados para la ejecución, al parecer, terminaron en manos del entonces director de la Corporación, Olaff Puello Castillo, y algunos de sus colaboradores y contratistas en la entidad.
La evidencia obtenida por la Fiscalía en el proceso penal contra los presuntos involucrados en la millonaria defraudación, también permitió identificar 104 bienes que habrían sido adquiridos por los investigados durante el tiempo en el que ocurrió el ilícito o con los dineros que, supuestamente, estaban destinados para la ejecución de los contratos.
Ante estos indicios, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 43 bienes inmuebles, 35 vehículos y 26 sociedades que figuraban a nombre de los exfuncionarios y contratistas involucrados en los presuntos hechos de corrupción.
Personal de policía judicial de la Fiscalía y de la DIJIN de la Policía Nacional realizó las diligencias de ocupación en Crespo, Bocagrande, Torices, Manga, La Castellana, Tacarigua, Ciudad Jardín, Villa Grande, Ternera, La Plazuela y otros sectores de Cartagena, y en Turbaco (Bolívar).
Los bienes afectados están avaluados en 20.000 millones y entre ellos sobresale el inmueble en el que el exdirector de Cardique, Olaff Puello Castillo, cumple le medida de detención domiciliaria que le otorgó un juez de control de garantías. Asimismo, está una unidad residencial de 12 apartamentos en el barrio Torices, parqueaderos y las sociedades que fueron utilizadas para el desfalco.
Los dueños de los bienes ocupados fueron capturados y judicializados en mayo de 2018, por su presunta participación en la desviación de casi 28.000 millones de pesos a través de la celebración de 220 contratos, ellos son: Olaff Puello Castillo, director de Cardique. Imputado por los delitos de peculado, por apropiación agravado por la cuantía, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.
Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique. Imputada por peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.
Saray Cecilia Hernández Durán, funcionaria de Cardique y supervisora de los contratos. Judicializada por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.
Dalis Esther Herrera Vargas, funcionaria de Cardique y supervisora de los contratos. Imputada por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.
Bernabé Maldonado Maldonado, contador que habría participado en la articulación de los contratos. Judicializado por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, concierto para delinquir, y falsedad en documento privado.
Fredy Javier Rodgers, topógrafo. Imputado por peculado, concierto para delinquir y falsedad en documento privado. Todos los bienes afectados con medidas cautelares de extinción de dominio quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
