Como parte de las estrategias investigativas definidas en defensa de la infancia y la
adolescencia, la Fiscalía General de la Nación logró la captura y judicialización de cuatro
personas que estarían involucradas en la explotación sexual comercial de menores de edad,
algunas de ellas indígenas, en Inírida (Guainía).
Los procesados son: Fredy Vladimir Duque Verney, exconcejal de Inírida; Germán Rodríguez Romero y Ciro Alfonso Cruz Terán, docentes; y Marco Fidel Suárez, quien haría parte de una comunidad indígena.
El material de prueba da cuenta de que, al parecer, ubicaban a menores entre 12 y 16 años
en condición de vulnerabilidad, y las inducían a actividades sexuales a cambio de dinero o
diversas dádivas como comida, hospedaje o transporte. Asimismo, hay indicios de que
algunas víctimas fueron llevadas a paseos, fiestas y encuentros sociales donde también
habrían sido abusadas.
Algunas jóvenes afectadas señalaron que, en varias oportunidades, supuestamente, fueron
obligadas a consumir estupefacientes o intimidadas para que vivieran con los señalados
agresores sexuales o trabajaran en hostales. Por estos hechos, fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputaron a estos cuatro hombres, según el posible nivel de participación, delitos como demanda de explotación sexual con menor de 18 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Los cargos no fueron aceptados. Tres de los procesados deberán cumplir medida de
aseguramiento en centro carcelario, se trata de: Fredy Vladimir Duque Verney, Germán
Rodríguez Romero y Marco Fidel Suárez. Por su parte, Ciro Alfonso Cruz Terán seguirá
vinculado a la investigación.
Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas en Inírida (Guainía) y Bogotá por personal de policía judicial (CTI) de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, con apoyo del Ejército Nacional y la Armada Nacional.
Investigación priorizada Una semana después de tomar posesión en el cargo, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, viajó a Inírida (Guainía) para atender de primera mano una denuncia que daba cuenta de explotación sexual de niñas y adolescentes de la región, algunas eran indígenas.
En la visita se dispuso la creación de un equipo especializado para dar celeridad a las
investigaciones. Un mes después, el 21 de marzo de 2020, 17 personas fueron capturadas y judicializadas, entre ellas, funcionarios judiciales, integrantes de la fuerza pública y
comerciantes.
Posteriormente, a finales de diciembre de 2020, la Dirección Especializada de Extinción del
Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y
suspensión del poder dispositivo sobre 12 bienes, avaluados en 1.200 millones de pesos, que habrían sido utilizados para el ilícito.
