Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos
impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al exjefe paramilitar Carlos Mario
Jiménez Naranjo, alias Macaco, por su presunta responsabilidad en 12 hechos criminales
distintos ocurridos entre 2000 y 2004, en Caquetá, Nariño, Putumayo y Santander.
Los elementos de prueba dan cuenta de 33 víctimas, 13 de ellas habrían sido asesinadas
por oponerse al actuar ilícito de las estructuras a cargo de Jiménez Naranjo, no acceder el
pago de extorsiones o porque las señalaron de ser supuestos auxiliadores de otros grupos
armados.
Uno de los homicidios en los que estaría involucrado alias Macaco es el de la religiosa
Yolanda Cerón Delgado, ocurrido el 19 de septiembre de 2001, en Tumaco (Nariño). Los
móviles estarían asociados con las denuncias nacionales e internacionales que hizo la mujer
sobre el accionar violento de los paramilitares y el apoyo que, al parecer, recibían de
algunas autoridades en esa zona del país.
También habría participado en la muerte del profesor Reyes Díaz Tirado, sucedida el 21 de
octubre de 2001, en el corregimiento San Ignacio del Opón en Landázuri (Santander); y la
desaparición forzada de Juvenal Celis, exintegrante de la Unión Patriótica, quien fue
interceptado por hombres armados el 30 de junio de 2002, en Florencia (Caquetá).
Asimismo, se identificaron casos en los que, supuestamente, fueron intimidados
contratistas de diferentes entidades, tenderos, comerciantes y trabajadores de Ecopetrol, y
obligados a entregar el 10% de los contratos que obtenían.
El procesado, en su condición de máximo cabecilla del Bloque Central Bolívar de las
extintas AUC, aceptó su responsabilidad en las conductas que se le atribuyen, relacionadas
con los delitos de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición
forzada, secuestro simple, desplazamiento forzado, hurto calificado y extorsión agravada.
La Fiscalía declaró los hechos identificados como delitos de lesa humanidad, ante la
sistematicidad, amenaza y temor al que fue sometida la población civil, entre otras
afectaciones a los derechos humanos de personas ajenas al conflicto armado.
Esta investigación se sigue dentro de los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior
Sistema Penal). Carlos Mario Jiménez Naranjo deberá cumplir la medida en la cárcel La
Picota de Bogotá, donde permanece privado de la libertad por otro proceso que se le sigue,
en el que reconoció 162 crímenes
