En menos de 20 días, el Consejo de Estado tendrá que definir si declara la muerte política a la senadora electa Aida Merlano cuya investidura fue demandada por supuestamente violar los topes de campaña en las pasadas elecciones legislativas.
“Lo que dice la ley es que por el tope máximo de las curules se podría gastar un poco más de 800 millones de pesos, lo que demostró la Fiscalía es que se gastaron tres mil millones de pesos”, explicó el abogado Luis Alberto López, quien radicó la demanda de pérdida de investidura.
La acción judicial está basada en la investigación que adelantó la Fiscalía General por la presunta compra de votos que habría realizado la campaña de Merlano en Barraquilla.
