El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dio a conocer importantes resultados de las acciones judiciales implementadas para esclarecer los hechos delictivos cometidos en el marco de las manifestaciones violentas registradas en el país recientemente.
En ese sentido, reveló que a través de la Delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Cali, se logró capturar y judicializar a cinco personas presuntamente implicadas en dos crímenes aislados cometidos en esa ciudad.
La primera decisión se relaciona con la muerte del investigador del CTI Fredy Bermúdez Ortiz y la segunda con el homicidio del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez.
• Homicidio funcionario CTI
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Yeison Fabián Muñoz Narváez, quien presuntamente participó en las agresiones que le causaron la muerte a un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en hechos ocurridos el pasado 28 de mayo, en el sector La Luna del barrio Junín de Cali (Valle del Cauca).
La evidencia fílmica y el material de prueba obtenidos por la Policía Nacional, permitieron
establecer que el servidor, identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, fue perseguido y atacado con armas contundentes y cortopunzantes por un grupo superior a 20 hombres, luego de que se viera involucrado en un evento en el que perdieron la vida dos personas.
En las verificaciones se constató que el funcionario fue alcanzado y lanzado al piso, donde
quedó herido por la multiplicidad de agresiones que recibió con diferentes elementos. Al
parecer, el hoy procesado lo atacó en el suelo y le propinó varios golpes en el tronco y el
mentón, situación que habría sido determinante para el deceso, según el dictamen médico
forense.
Así, la Fiscalía imputó a Muñoz Narváez el delito de homicidio agravado y solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario. La petición fue avalada por el juez de control de garantías. La individualización de este hombre fue posible gracias a un plan metodológico puesto en marcha por un equipo de fiscales especializados, investigadores, técnicos forenses y criminalísticos. De esta manera, se detectaron y recopilaron imágenes de, por lo menos, 20 personas que estarían involucradas en lo ocurrido.
Las actividades judiciales continúan para ubicar y lograr la judicialización de los responsables en la muerte del servidor.
• Tortura, homicidio y desaparición de patrullero en Cali
Un fiscal de la Seccional Cali, con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, logró identificar y
capturar en esa ciudad, entre el 26 y 27 de junio, a cuatro personas que habrían participado tanto en las agresiones, como en el posterior asesinato y desaparición del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, el pasado 3 de junio. Los procesados fueron identificados como: John Michael Cardona Jaramillo, Cristian Andrés Cortés Ortiz, Carolina Montaño Cuero y Daniel Alejandro Aguirre Castillo.
La investigación adelantada desde el momento mismo en que se conocieron los hechos
permitió evidenciar que a las 8:30 de la noche de ese día, el uniformado se movilizaba en su moto por avenida Ciudad de Cali, calle 73 con carrera 1 de la capital vallecaucana, cuando fue interceptado por un grupo de 7 personas aproximadamente que lo bajó del vehículo y al parecer lo intimidó con armas de fuego.
Tras verificar que se trataba de un miembro de la fuerza pública, los sujetos lo llevaron contra su voluntad hacia el sitio conocido como Punto Cero, donde estaba una barricada de bloqueo a la vía Cali – Palmira y se encontraban presuntos integrantes de la denominada Primera Línea del punto de resistencia 1-73, sector Paso del Comercio. Allí, la víctima fue golpeada y dejada en estado de indefensión, además de lesionada con armas blancas y de fuego. Estas agresiones habrían desencadenado su muerte.
El cuerpo sin vida del patrullero fue arrojado por los supuestos agresores a las aguas del río Cauca para presuntamente desaparecerlo; sin embargo, el 7 de junio último, este fue
encontrado mientras flotaba en las riveras del río, a la altura de la vereda Piles, en jurisdicción del municipio de Palmira.
Con base en el material probatorio recaudado, el ente acusador les imputó cargos a los
posibles involucrados, en calidad de coautores, por los delitos de tortura, homicidio agravado; tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, partes o municiones; y desaparición forzada. Ninguno aceptó su responsabilidad.
