Atendiendo la difícil situación de orden público presentada desde el pasado 28 de abril, cuando fue convocada a la jornada de paro nacional, la Fiscalía General de la Nación ha estado alerta y dispuesta con fiscales e investigadores especializados en todo el territorio, para investigar y judicializar a los responsables de actos que desdibujan la legitimidad de la protesta e incurren en hechos delictivos, vandálicos y de terrorismo.
En ese sentido, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, presidió este domingo 2 de mayo una reunión con su equipo directivo y los directores seccionales para conocer de primera mano la situación en las regiones y las afectaciones que ha dejado la jornada del paro.
Al respecto se dispusieron medidas para recaudar información sobre los hechos, como las patrullas móviles de investigadores adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes acuden a clínicas y hospitales para recibir denuncias de las personas que hayan sido lesionadas en el marco de los disturbios.
Por otra parte, el ente acusador adelanta las acciones investigativas para recaudar el material probatorio y esclarecer la muerte de 7 personas que, de acuerdo con lo establecido de manera preliminar, habrían sido víctimas en hechos directamente relacionados con el paro. Cinco de los casos, entre ellos el de un menor de edad, ocurrieron en Cali (Valle del Cauca); el del capitán de la Policía Jesús Alberto Solano, en Soacha (Cundinamarca) y otro, en Ibagué (Tolima).
En relación con los hechos sucedidos en Cali, se destacaron 2 fiscales para los homicidios, 1 para agresiones a servidores públicos, y 17 fiscales para atender en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), las denuncias de la ciudadanía relacionadas con hurtos, receptaciones, porte ilegal de armas y daño en bien ajeno. Además, se asociaron temáticas de acuerdo con los sectores productivos afectados.
Entretanto, en Bogotá se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con un equipo destacado de fiscales que trabajan en un plan piloto para determinar si los homicidios que se presentan en este período están relacionados o no con las manifestaciones. También se ha trabajado de la mano con la fuerza pública.
Asimismo, en Medellín servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional afectaron el ala financiera y militar de la banda delincuencial La Miel, que trabajaba para la estructura criminal Clan del Golfo en el suroeste antioqueño. Se incautaron 7 armas de fuego de corto y largo alcance, 1090 cartuchos de diferente calibre, 03 granadas MGL, 30 libras de marihuana, 2 kilos de cocaína y más de $88 millones, al parecer producto se extorsiones y venta de estupefacientes.
También fueron hallados uniformes completos e insignias de uso privativo de las Fuerzas Militares; así como varios panfletos que serían distribuidos en el suroeste antioqueño, durante las jornadas de protesta.
Consolidado nacional
Durante el paro, igualmente se han reportado otros hechos delictivos que son objeto de investigación y dejan el siguiente balance:
• 167 buses vandalizados (147 en Bogotá; 16 en Cali, 1 en Cauca, 1 en Huila y 2 en Risaralda).
• 87 afectaciones a Sistemas de Transporte Masivo (50 del MIO en Cali, 35 de Transmilenio en Bogotá y 2 de Transmetro en Barranquilla).
• 9 quemas de vehículos (Bogotá, Cauca, Huila y Risaralda).
• 149 daños a inmuebles.
• 22 CAI vandalizados (10 en Cali, 8 en Bogotá, 1 en Neiva, 2 en Risaralda y 1 en Santa Marta).
• 8 sedes de la Fiscalía afectadas (Cali 2, Popayán 1, Facatativá 1, Soacha 1, Bogotá 1, Tunja 1 y Barranquilla 1).
• Un carro de la Fiscalía vandalizado en Cali.
• 136 disturbios.
• 269 bloqueos de vías.
• 399 uniformados de la Policía Nacional lesionados en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Pasto, Popayán, Neiva y Armenia.
Por los diferentes hechos acaecidos con ocasión de la jornada, 278 personas fueron capturadas, 83 ya tienen imputación y las restantes están en proceso de judicialización, 18 quedaron con medida de aseguramiento (11 en centro carcelario y 7 con detención domiciliaria). A 10 personas más se les dictaron medidas no privativas de la libertad.
El ente acusador les imputó, según su grado de responsabilidad, delitos como violencia contra servidor público, obstrucción de la vía pública, daño en bien ajeno y hurto.
