El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a los exalcaldes de Barranquilla Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Enrique Hoenisgberg Bornacelly a 7 y 9 años de prisión, respectivamente, por su responsabilidad en la contratación y pago irregular de las obras de remodelación y adecuación de un edificio donde se ubicaría la alcaldía de la ciudad.
Junto a los dos exmandatarios, fueron condenados Alcibiades de Asís Bustillo Cervantes, interventor contractual; y Fernando Jorge Thorne Brown, arquitecto contratista a quien se le adjudicó la obra. En la decisión se absolvió al entonces secretario de Hacienda, Oswaldo Ernesto Saavedra Ballesteros.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga encontró responsables a Hoyos, Bustillo y Thorne de los delitos de peculado por apropiación, por lo que fueron condenados a 7 años de prisión; mientras que Hoenisgberg deberá cumplir una pena de 9 años por el delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo. Todos los sentenciados deberán pagar multa individual de $10 millones y multa solidaria de $3.471 millones.
Investigación
La investigación de la Fiscalía evidenció que el contrato para la remodelación y adecuación de un edificio para el despacho de la Alcaldía Distrital, que inicialmente se pactó en poco más de $1.490 millones en menos de seis meses tuvo una adición de $1.495 millones de pesos. Cuatro años después se pagaron cerca de $3.500 millones en supuestas obras adicionales, relacionados con el mismo objeto contractual.
Dentro de las irregularidades demostradas, la Fiscalía evidenció sobrecostos. Por ejemplo, para la cancelación del contrato inicial se pagaría el 40% y con actas de entrega se abonaría el 60% restante; sin embargo, a los 3 meses de suscrito el convenio, y sin iniciar las obras, ya se había pagado el 94% del valor total. Adicionalmente, hubo excesos como el cobro de 15 millones de pesos para aseo o instalación de campamentos de la obra.
Asimismo, se demostró que el contrato accesorio incluyó obras no contempladas en el principal. Quedó al descubierto que, aunque había Departamento de Planeación Distrital, se le autorizó al contratista la planeación de la obra con un costo de más de $153 millones. Finalmente, y entre otros, el valor de las obras nuevas superaba el tope de contratación directa que regían para ese momento (1993-1998).
El despacho judicial consideró que en 1998 Bernardo Hoyos Montoya, nuevamente alcalde de la ciudad, hizo un arreglo directo con el contratista Fernando Thorne y le autorizó un giro de más de $3.400 millones, por supuestos trabajos relacionados con el contrato, sin contar con los soportes contables ni contractuales; y más de $144 millones por sobreprecios. Dentro de la etapa de juicio, que duró cerca de 11 años por prácticas dilatorias de la defensa, se pretendió desestimar las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), situación advertida por el despacho judicial que avaló el material probatorio e informes rendidos por la Fiscalía, y adoptó decisiones que evitaran la prescripción de los hechos y permitieran sancionar a quienes causaron detrimento al erario.
“Los acusados, en una asociación criminal sin escrúpulos, crearon la figura del contrato accesorio para modificar los pliegos de condiciones y las ofertas, lo que rompió el principio de transparencia que debe existir en la licitación pública”, señaló el juzgado en su sentencia.
