En el marco del plan de la Fiscalía General de la Nación para poner al descubierto
hechos de corrupción relacionados con la violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, se logró la imputación de cuatro mandatarios locales, dos del Chocó,
uno de Córdoba y uno de Cundinamarca, por presuntas irregularidades en la adjudicación
de contratos por más de 3.700 millones de pesos.
En todos los casos, los fiscales y los investigadores de la Dirección Especializada contra
la corrupción ponen al descubierto complejos entramados que afectan los procesos
democráticos.
En el departamento del Chocó, se imputó a los alcaldes de Bojayá y Bajo Baudó,
Jeremías Moreno y Jhon Jared Murillo, respectivamente, por otorgar contratos a quienes
habrían financiado sus campañas electorales en el año 2015.
Para el caso de Bojayá, la Fiscalía evidenció que el actual alcalde, Jeremías Moreno
habría entregado contratos por más de 900 millones de pesos para el suministro de
insumos y servicios al señor Eberto Unfried Machado, quien donó cerca de siete millones
de pesos para su campaña, violando el régimen de topes de financiación.
En el municipio de Bajo Baudó, Chocó, el actual alcalde Jhon Jared Murillo habría
entregado contratos por $353 millones y por $345 millones a los señores Eladio Urrutia y
Yesid Salazar, quienes habrían financiado la campaña electoral con sumas cercanas a
los 5 y 3 millones de pesos, respectivamente.
Respecto al departamento de Córdoba, las investigaciones recayeron sobre el alcalde de
San Bernardo del Viento, cuyo alcalde, Élber Luis López adjudicó seis contratos por más
de $670 millones de pesos al señor Pedro Antonio Negret Ramos, quien habría aportado
cerca de siete millones de pesos a su campaña.
En Cundinamarca, el ente investigador encontró que en el municipio de Vergara se
otorgaron contratos a dos financiadores de la campaña de la actual primera mandataria,
Ana María Mahecha Olarte.
Cuatro de los contratos de obra de Vegalarga fueron entregados a la señora Martha
Jazmín Castillo Lugo, por un monto superior a los $1.558 millones; mientras que tres
contratos de alquiler de obra se adjudicaron a Jesús Alexánder Cifuentes Arias, por $31
millones. Los dos favorecidos habrían entregado sumas cercanas a los 5 y 9 millones de
pesos para financiar la campaña de la actual alcaldesa. En este caso, además de la
violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se estudia la posible comisión
del delito de falsedad en documento privado.
