Después de la captura del ex ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, sus abogados, Emmanuel Pérez y Hans Burgos, alegaron que su cliente tiene un estatus de protección temporal por estar gestionando asilo en calidad de perseguido político. Incluso, exhibieron un permiso de trabajo, que acaba de ser renovado.
No obstante, los alguaciles que capturaron a Arias aclararon que su detención nada tiene que ver con su estatus migratorio y que se trata de una causa federal ajena a temas políticos y sustentada en peticiones oficiales del gobierno de Colombia.
La juez Alicia Otazo Reyes, fue enterada que sobre el exministro pesa una condena de 17 años de cárcel por corrupción, vinculada al uso indebido de fondos del programa estatal Agro Ingreso Seguro. Además, que Colombia tramitaba la respectiva solicitud de extradición.
El gobierno Colombiano solicitó la detención con base en el fallo, de julio del 2104, en el que la Corte Suprema encontró culpable a Arias de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, causando perjuicios al Estado por una suma que supera los 15 millones de dólares, cerca de 45.000 millones de pesos.
