Las víctimas del conflicto armado y sus familias viven expuestos a engaños por parte de personas que buscan obtener beneficios de la Ley de Víctimas (1448 de 2011) y del gobierno de manera fraudulenta, sin medir los daños que causan a esta población del país, a los recursos del Estado, ni los delitos que incurren.
La Unidad para las Víctimas en el Atlántico, en atención a esta problemática, realizó orientaciones y socializaciones con las víctimas que acuden diariamente a los centros regionales y puntos de atención, sobre los diferentes canales de denuncia por medio de los cuales las víctimas pueden comunicarse con el Grupo de Indagación y Protección contra Fraudes (GIPF), encargados en la entidad de atender todas las denuncias y los reclamos por temas que tienen que ver con fraude hacia las víctimas del conflicto.
Este grupo analiza las denuncias y quejas de usuarios, funcionaros, colaboradores y otras entidades sobre el tema. Los principales tipos de denuncias que se presentan son: personas no víctimas que hacen fraude para quedar incluidas en el Registro Único de Víctimas (falsas víctimas); tramitadores que no hacen parte de ninguna entidad y buscan engañar a las víctimas para quedarse con los recursos que les entrega el Estado; mal uso de los recursos de atención humanitaria que algunas víctimas destinan a fines distintos al alojamiento temporal y alimentación; e irregularidades con funcionarios del Estado.
Aunque la campaña antifraude está dirigida a víctimas, cualquier ciudadano puede reportar irregularidades o fraudes cometidos por funcionarios, victimas o personal ajeno a la Unidad, para lo cual están dispuestos los siguientes canales de atención:
– Línea Nacional gratuita: 01 8000 911 119
– Correo electrónico a: grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co
– Centros Regionales y Puntos de atención a Victimas
– Página web de la Unidad para las Víctimas, donde se encuentran los formatos y formularios para denunciar sobre hechos irregulares
