Un acuerdo político puso punto final al confrontación que durante las últimas semanas se vivió en el Congreso de la República, por cuenta de la decisión del presidente de la República, Iván Duque, de objetar seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz.
Luego de tres aplazamientos, finalmente la Plenaria del Senado remitió a la Corte Constitucional la totalidad del articulado, para que sea el alto tribunal quien defina si hay lugar o no a aplicar los cambios propuestos por el Gobierno.
La Cámara de Representantes rechazó hace varias semanas las objeciones, pero estaba pendiente la decisión del Senado, que venía siendo aplazada en medio de unas fuertes discusiones sobre el procedimiento para resolver impedimentos, recusaciones e interpretar las mayorías.
Los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical y La U sellaron un acuerdo político para que la Mesa Directiva terminara enviando el proyecto a la Corte.
La estrategia consistió en desistir de la apelación a la decisión del martes pasado, para permitir que se realizara una segunda votación, partiendo del punto de que no se alcanzaron los votos siguientes para hundir las objeciones.
