La Corte Constitucional garantizó los derechos de Héctor Sánchez Escorcia, un diseñador de modas de 42 años abiertamente gay, que presentó en noviembre de 2015 una acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, a la no discriminación, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, que eran vulnerados cuando los vecinos del conjunto residencial ‘Villa Catalina’, ubicado en la calle 87 No. 75–27, le gritaban: “te voy a matar marica ‘hijueputa’. Como sigas jodiendo vas a ver, te voy a joder maricón”.
Los actos de discriminación ejercidos contra Héctor estuvieron fuertemente marcados por la violencia verbal y las amenazas. “Mira pedazo de maricón, todos ustedes son unos ‘hijueputas’, todos ustedes”, así también le gritaban. Sánchez asegura que dañaron algunos bienes de su casa, donde vive con sus padres, personas de la tercera edad que también han sido víctimas de las agresiones.
La Corte Constitucional ordenó a los vecinos accionados “cesar de manera inmediata cualquier acto de discriminación ejercido contra” él, y “abstenerse de hacer alusión a la orientación sexual de cualquier residente con el propósito de ofender y/o agredir, a través del uso de epítetos insultantes y/o descalificatorios”.
La corporación tomó esta decisión luego de que estableciera que los actos de discriminación que se presentaron en este caso fueron dos: primero, el uso discriminatorio del lenguaje, con referencia a la homsexualidad; y segundo, el afianzamiento de un escenario de discriminación, evidenciado en la limitación efectiva de los derechos fundamentales de Héctor en el conjunto residencial por parte de sus vecinos, sin que éste contase con mecanismos para salvaguardar sus garantías constitucionales.
Caribe Afirmativo celebra este fallo que no solo garantiza los derechos de Héctor, sino también de las personas LGBTI de Barranquilla y de la región Caribe, que han sido víctimas de amenazas por su orientación sexual e identidad de género diversas. “Este caso es uno de los muchos que se han conocido en esta ciudad, en donde la gente ridiculiza a los hombres gay, y les llama todo el tiempo ‘maricones’, una agresión verbal que causa mucho daño a esta población que ha sido violentada históricamente”, afirma Wilson Castañeda, director de Caribe.
En el marco de las consideraciones que motivan el sentido del fallo, la Corte destaca que el juez constitucional tiene el deber de consolidarse como un “agente institucional obligado a valorar con especial atención los casos en los que se pongan en evidencia actos discriminatorios relacionados con la orientación sexual, aplicando el enfoque diferencial que obedezca a la situación generalizada de vulnerabilidad y que tiendan a una solución jurídica que contribuya a la superación de la misma”.
“Pedimos a la Alcaldía de Barranquilla y a la Policía Metropolitana que siguiendo la Ley Antidiscriminación y el Código de Policía y Convivencia, exhorten a las administraciones de la propiedad horizontal y urbanizaciones, para que incluyan en sus manuales el respeto y reconocimiento de los derechos LGBTI”, asegura Castañeda. En Caribe Afirmativo, finalmente, se han registrado otros casos similares al de Héctor: dos de hombres gais y otro de una mujer trans, que denuncian que han sido víctimas de amenazas en las que los agreden física y verbalmente. La corporación hace seguimiento a estos casos por medio del equipo jurídico de la organización, que ya ha entablado acciones legales en contra de los victimarios.
