La Fiscalía General de la Nación abrió investigación y ordenó la captura de Hernán Giraldo
Serna, exjefe del denominado Bloque Resistencia Tayrona de las extintas AUC y conocido
como ‘El Patrón’, ‘El Viejo’, ‘Taladro’ o ‘El Señor de la Sierra’, por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Por disposición del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, el pasado 15 de
abril, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos asumió y agrupó varias denuncias interpuestas en diferentes ciudades del país contra el excabecilla paramilitar, por hechos ocurridos posterior a su desmovilización.
Los elementos de prueba obtenidos hasta el momento dan cuenta de, por lo menos, cinco
menores de edad que habrían ingresado a los sitios de reclusión en Antioquia y Atlántico,
donde Giraldo Serna estuvo privado de la libertad desde febrero de 2006, hasta mayo de 2008, cuando fue extraditado a Estados Unidos.
Hay inicios de que las víctimas, al parecer, fueron abusadas sexualmente por ‘El Patrón’ o ‘El Viejo’ en los centros carcelarios. En ese sentido, la Fiscalía notificó al exjefe paramilitar de este nuevo proceso y lo vinculó con fines de indagatoria. Actualmente, el procesado permanece privado de la libertad en la cárcel de Itagüí (Antioquia).
De empleada a presunta proxeneta.
La Fiscalía, a través de policía judicial (CTI) de la Dirección Especializada contras las Violaciones a los Derechos Humanos, capturó en Cali (Valle del Cauca) a Noralba Vasco, quien fue empleada de Giraldo Serna y, supuestamente, reclutó niñas para que fueran abusadas sexualmente.
Esta mujer habría ejercido la actividad lícita entre 2005 y 2008, mientras desempeñó varios oficios, inicialmente como trabajadora doméstica en fincas en las que se ocultaba el exjefe paramilitar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego de la desmovilización de alias El Patrón o El Viejo, supuestamente, cuidó a algunas de las víctimas, les proporcionó ropa y otros elementos, y realizó las gestiones para que pudieran ingresar a los diferentes centros
penitenciarios.
Noralba Vasco, presuntamente, sacó provecho económico de las agresiones sexuales contra
las menores de edad. En ese sentido, la fiscal del caso le impuso medida de aseguramiento
privativa de la libertad por los delitos de trata de personas agravada y explotación sexual
agravada. La procesada fue trasladada a la cárcel de Jamundí (Valle del Cauca).
