El Tribunal Administrativo de Atlántico, en fallo de segunda instancia, dejó en firme la decisión del juez primero administrativo oral, que eximió al municipio de Soledad de responder por daños ocasionados a la familia de un menor fallecido en una finca de este municipio cuando hizo contacto con un cable de energía.
El hecho generador de la demanda que pesaba sobre la administración data del 13 de diciembre de 2014, cuando un menor de 14 años residente en la finca ‘El Poste’, jurisdicción de este municipio, pisara un cable que estaba tirado en el piso ocasionándole la muerte casi en forma instantánea.
Tras presentarse la muerte del joven, sus familiares interpusieron demanda contra el municipio por considerar que no se suministró solución oportuna al problema de energía que se venía presentando en el sitio, el cual había sido reportado a la empresa prestadora del servicio público.
Los demandantes en su momento argumentaron que tanto el municipio de Soledad como la empresa Electricaribe debían responder por el hecho por ser los entes encargados de hacer el mantenimiento de las redes eléctricas, y al no hacerlo habían incurrido en causal de omisión.
Tras la demanda, el municipio respondió que el ente encargado del manejo de las redes, el mantenimiento y la reparación de las mismas, es la empresa Electricaribe y que por tanto rechazaba las pretensiones de los demandantes.
En septiembre de 2016 un juez denegó la demanda al comprobarse que no existía un contrato de prestación de servicio de energía eléctrica entre la empresa encargada y los propietarios del inmueble donde se desarrolló el incidente.
Lo anterior comprueba que los habitantes de la vivienda de la finca en mención estaban conectados al sistema de manera irregular y sin las condiciones técnicas para ello.
Indicó igualmente el juez que no existe prueba alguna de que el municipio hubiera conocido de la caída del cable antes de que se registrara la muerte del menor.
Tras la decisión judicial, los demandantes apelaron y en segunda instancia el Tribunal confirmó en todas sus partes la sentencia proferida por el juez primero Administrativo Oral de Barranquilla.
Ante esta decisión, el jefe asesor de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Marcial Toncel, dijo que la misma representa una prueba del fortalecimiento de dicha entidad en cuanto a la defensa técnica de los intereses del municipio, que no solo logró un fallo a favor en primera instancia, sino además su confirmación en segunda instancia.
Agregó el funcionario que dicha decisión le representa al municipio un importante ahorro en recursos que bien pueden ser utilizados en programas de inversión.
“Celebramos que se haya exonerando al municipio de asumir una condena que podría haberse tasado aproximadamente en 600 millones de pesos, y por otro lado se consolida la postura jurídica que asumió esta administración y posibilitando invertir el dinero de la contingencia en planes y proyectos de interés para la comunidad soledeña que a la final es nuestro principal objetivo”, subrayó Toncel.
