El Agente Interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, se presentó hoy en las instalaciones de la Policía Nacional en Barranquilla para cumplir una orden de arresto del Juez de Tutela Segundo Promiscuo de Ciénaga.
Esta medida de arresto por un término de 8 días ordena el pago de 2.020 millones de pesos a 13 pensionados del Atlántico por concepto del reajuste por Ley 4ª de 1976 (15% anual a la mesada pensional).
Sobre el particular, Lastra Fuscaldo señaló que, si bien acata la medida de detención, no la comparte por cuanto se trata de recursos que por expresa disposición legal están “congelados” por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde el día de la intervención, por lo que no es viable que se ordene pagar acreencias anteriores al 15 de noviembre de 2016.
Adicionalmente, este fallo que ordena pagar acreencias antes de la intervención y obligaciones prescritas por vía de tutela, pondría en riesgo el proceso de intervención toda vez que otros acreedores acudirían a este mecanismo y la empresa tendría que desembolsar recursos que se requieren para el funcionamiento de la compañía e inversiones.
Luego de la intervención, se han presentado 27 nuevas acciones de tutela por parte de pensionados, es decir, en promedio más de una por mes en que ha durado la toma de posesión.
Conviene indicar que estas tutelas han venido siendo atendidas por Electricaribe, interponiendo las acciones con las que cuenta legalmente para lograr su revocatoria o suspensión, logrando que hasta la fecha, las altas Cortes y tribunales le hayan dado la razón a la empresa.
Ante este panorama el Agente Interventor, Javier Lastra Fuscaldo, hizo un llamado público para que este caso sea analizado con la mayor celeridad por la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentra para revisión una tutela por vía de hecho pidiendo la revocatoria de la medida.
