Para la Fiscalía General de la Nación, y de acuerdo con la jurisprudencia fijada por la Corte Suprema de Justicia, las acciones criminales atribuidas a los diferentes frentes, cuadrillas, compañías y demás estructuras del ELN son el resultado de las directrices definidas por los máximos cabecillas que hacen parte del denominado comando central (COCE). Precisamente, de la cabeza de la organización ilegal proviene la concepción de actuar mediante el uso de las armas contra los representantes de las autoridades, entre ellos los funcionarios de la administración de justicia que, en cumplimiento de su deber, recorren el territorio nacional en busca de la verdad.
Esa orden establecida por el Comando Central del ELN (COCE) habría motivado la retención ilícita y posterior asesinato de Edilbrando Roa López y Jhon Alejandro Morales Patiño, dos investigadores del CTI de la Fiscalía, en zona rural de Sonsón (Antioquia), la mañana del 2 de septiembre de 1998. Ese día hombres armados del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN interceptaron el vehículo en el que se movilizaban los dos funcionarios y se los llevaron en contra de su voluntad. Horas después, las víctimas fueron encontradas muertas y sus cuerpos abandonados un sector conocido como alto San Miguel.
De acuerdo con múltiples testimonios recopilados en el proceso, la acción criminal fue planeada y ejecutada en cumplimiento de las órdenes generales impartidas por el Comando Central del ELN, así lo reafirmaron varios de los autores materiales de los hechos, quienes pertenecieron a la estructura Carlos Alirio Buitrago. En ese sentido, y atención a los parámetros establecidos por la Ley 600 de 2000 (antiguo Código de Procedimiento Penal), un Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos acusó por los delitos de secuestro simple y homicidio agravado a los siguientes integrantes del Comando Central del ELN: Nicolás Rodríguez, Bautista, alias Gabino, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García, Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas.
Contra estas cuatro personas iniciará juicio ante un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Antioquia, como presuntos autores mediatos en la retención y asesinato de los dos investigadores del CTI.
