El Consejo de Estado admitió la demanda que presentaron los alcaldes del Caribe contra resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) por el mecanismo implementado para el cobro inequitativo en las tarifas de energía que se aplican en la región con respecto al resto del país. Así lo confirmó este miércoles el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, al informar que la demanda se instauró desde el año pasado al considerar “arbitraria” esa decisión.

“El año pasado demandamos una decisión que, para nosotros, es arbitraria e inequitativa, y es que diferenció la manera como se cobra la energía en el Caribe del resto del país, cobrándole a los que pagan la luz o la energía la mala gestión del Gobierno nacional durante las últimas décadas”, afirmó el alcalde Pumarejo.

El mandatario distrital explicó que al ser admitida esta demanda “significa que va a haber una decisión de fondo sobre lo que nosotros consideramos”, al tiempo que consideró que “la realidad es que el legislativo, los congresistas, tienen en sus manos hoy la solución de fondo, que es asignar presupuesto y un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo para que eso se arregle de fondo. Así que, aunque tenemos la demanda, la solución de fondo la tienen nuestros congresistas”.

Detalles de la demanda

En la demanda interpuesta por los alcaldes del Caribe se solicita la declaratoria de nulidad de las resoluciones 010 de 2020 y 078 del 24 de junio de 2021 de la CREG, las cuales otorgan facultades y autorización a AIR‑E S.A.S E.S.P. para que realice un cobro retroactivo a los usuarios por emolumentos de años anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la resolución y que no se habían cobrado ni facturado antes.

Para adoptar esta decisión, los mandatarios de la región consideraron que dichas resoluciones violan los artículos 94 y 150 de la Ley 142 de 1994, así como el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019, teniendo en cuenta que no se permiten alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales porque la recuperación patrimonial deberá hacerse, exclusivamente, con nuevos aportes de capital de los socios, o con cargo a las reservas de la empresa o a sus nuevas utilidades. También, por permitir un incremento tarifario por conceptos que no están autorizados por el artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 (pérdida reconocida de energía).

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con consejero ponente Oswaldo Giraldo López, resolvió admitir la demanda, correr traslado del auto a la parte demandada para su contestación y que se remita el expediente administrativo. Asimismo, se le dio traslado por el término de cinco días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de medidas cautelares.

Antecedentes

La demanda fue interpuesta por los alcaldes del Caribe en junio del año pasado y, como lo ha reiterado el alcalde Pumarejo, apuntó a que el esquema regulatorio de la CREG derivó en un incremento acumulado de la tarifa plena del 62.5% -o si se compara con la llamada ‘Opción Tarifaria’, del 33.4%-, entre junio de 2021 y abril de 2022, ubicándose el mayor aumento en el componente de ‘pérdidas reconocidas’.

Por esa razón, la región Caribe quedó pagando las tarifas más caras en el país por el servicio de energía: un hogar de estrato uno de Bogotá paga, en promedio, $36.039; mientras que una familia del mismo estrato en Barranquilla, a causa de una mayor necesidad de consumo por las condiciones climáticas de la región y por el difícil efecto de tener la tarifa más alta de Colombia, recibe una factura promedio de $90.526.

La región Caribe tiene una condición particular debido a que se dan altas temperaturas, que naturalmente disparan el consumo energético y el costo del servicio de electricidad, a diferencia de otras regiones del interior del país.

“El incremento está afectando de manera notable la economía de las familias de los estratos 1 y 2, que según el DANE representan el 54,4 % de la población general; adicionalmente, el 94% de la subnormalidad eléctrica se concentra en el Caribe colombiano. La afectación es a todos los niveles de consumo residencial y amenaza la productividad económica de la Costa”, consideraron los alcaldes al momento de interponer la demanda que ha sido admitida por el Consejo de Estado.