Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de garantías a Gabriel Alberto Giraldo Escudero, exalcalde de Gamarra (Cesar), al secretario de planeación de su administración, Wilson Ruiz Tello, y al contratista Carlos Alberto González. A los tres les formularon cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La investigación estableció que, al parecer, el exmandatario y su administración no observaron las normas vigentes para obras de gran impacto relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico en el trámite, celebración y liquidación del contrato Nº 011 de 2013, dispuesto para la construcción de una Planta de tratamiento de aguas residuales que beneficiaría al casco urbano del municipio.
Los elementos materiales probatorios que se derivaron de las visitas técnicas de campo,
entrevistas, recopilación y revisión de documentos dan cuenta de que habría improvisación en la contratación y desconocimiento de los principios de planeación, responsabilidad y economía, por lo que el detrimento a las finanzas del Municipio superaría los 839 millones de pesos.
Las irregularidades
La Fiscalía evidenció que el proyecto fue presuntamente ejecutado en un lote privado que no fue adquirido con antelación para el megaproyecto. Además, el posible incumplimiento de los requisitos técnicos para diseño y construcción habría generado que la obra quedara fuera de funcionamiento y en constante deterioro y abandono, lo que ocasionaría graves problemas ambientales y sociales, pues la planta de tratamiento está ubicada aproximadamente a 57 metros de una urbanización, y la infraestructura existentes se encuentra invadida por la maleza, siendo foco de malos olores y aguas residuales putrefactas.
El impacto al medio ambiente se presentaría también por las aguas residuales que llegan a
Ciénagas y Brazos del Río Magdalena, afectando negativamente actividades de la comunidad. Para evitar que los corruptos se apropien de los recursos públicos los funcionarios del ente investigador continuarán su labor bajo loslineamientostrazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, determinada por su política institucional “En la calle y en los territorios”.
