La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano, como posibles responsables de extraer armas, munición, uniformes y otros elementos de los batallones y fuertes militares con fines de tráfico ilícito.
La investigación da cuenta de que los funcionarios, al parecer, se valieron de su posición y
cargos para obtener de manera irregular material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y ponerlo a disposición de particulares. En ese sentido, se estableció que el sargento Rodríguez Lancheros, mientras se desempeñó como bodeguero en una sede militar de Medellín (Antioquia), entre 2021 y 2022, habría desviado armas y munición para fusil de manera sistemática. Para evitar ser descubierto, presuntamente, modificó los documentos de inventario y alteró las cantidades de material que eran despachadas a las distintas unidades.
La Fiscalía conoció un evento en el que, al parecer, extrajo una ametralladora M249 y la
reemplazó por una réplica inservible para intentar subsanar la ausencia del arma.
A finales de 2022, este suboficial fue trasladado a un batallón en Chocó, donde hay indicios de que continuó con la actividad ilegal hasta el día de su captura, en un inmueble de Medellín. En las diligencias los investigadores del CTI y del Gaula Militar encontraron 300 cartuchos para fusil, vainillas de proyectiles percutidos, uniformes y un casco del Ejército Nacional.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
De otra parte, el sargento Angulo Lozano, en su condición de almacenista de un batallón de
apoyo y servicio del Ejército Nacional en Medellín, también es señalado de contribuir a la
desviación de armamento y munición para fusil, y la adulteración de los inventarios para tratar de ocultar la salida de estos elementos a manos de terceras personas.
En una inspección realizada al almacén a cargo de este funcionario, se constató un faltante de 28.000 cartuchos calibre 5.56. Posterior a esta situación, el uniformado, presuntamente, logró su traslado al Fuerte Militar de Tolemaida (Tolima) en enero del año en curso; donde
posiblemente continuaba con los actos ilegales.
A este suboficial la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y
fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las
Fuerzas Armadas o explosivos. Los dos procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento intramural.
