El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó hoy el “Informe
sobre la Trata de Personas” (TIP Report por sus siglas en inglés), correspondiente a los datos de la vigencia 2024. En este documento, Colombia fue catalogada en el nivel 2 (Tier 2), de conformidad con los
estándares de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de ese país.
Este informe anual reconoce los esfuerzos del Estado colombiano por aumentar la investigación y judicialización del delito, así como en materia de cooperación internacional para el desmantelamiento de las redes del crimen organizado transnacional que se lucran de la trata de personas. De igual manera, se presentan recomendaciones a Colombia para fortalecer la asistencia y protección a las víctimas, así como en lo relativo a la prevención, investigación y judicialización de casos. Al respecto, Colombia reitera su firme compromiso en la lucha contra la trata de personas, brindando asistencia y protección a quienes son víctimas en el territorio nacional, así como a los connacionales en el exterior. En 2024, 416 víctimas recibieron asistencia, considerando sus necesidades.}
En este contexto, el Centro Operativo Anti-Trata (COAT), coordinado por el Ministerio del Interior, se ha consolidado como el eje central de la respuesta humanitaria, articulando y garantizando la prestación de
servicios integrales a las víctimas identificadas. Casos en los que recibieron atención inmediata, incluyendo medidas de protección, alojamiento seguro, atención médica y apoyo psicológico especializado, a través delas entidades competentes.
Se destaca que la naturaleza transnacional de este delito requiere de la cooperación internacional para avanzar en la detección, persecución, judicialización, recuperación y repatriación de los activos provenientes de este ilícito, desincentivando así la ocurrencia del delito y permitiendo
la reparación de las víctimas.
En Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial actúan con plena autonomía e independencia, lo cual garantiza que las investigaciones y procesos judiciales relacionados con la trata de
personas se desarrollen con total rigurosidad. Es importante precisar que el número de investigaciones iniciadas no necesariamente puede equipararse al número de condenas anuales, pues cada caso avanza
conforme a las particularidades procesales y probatorias.
Paralelamente, la estrategia de prevención ha dado un salto cualitativo con el lanzamiento en julio de 2025 del Visor Nacional de Información sobre la Trata de Personas, desarrollado en alianza con la UNODC. Esta plataforma tecnológica, que permite el monitoreo y la identificación de patrones delictivos mediante la aplicación de múltiples filtros especializados, pone a disposición de las autoridades una herramienta
interactiva para el diseño de una política criminal basada en evidencia fáctica.
De otro lado, estas acciones se complementan con una diplomacia activa, concretada en la firma de un memorando de entendimiento con
Brasil y el avance en acuerdos similares con Chile, Perú y Panamá,
reconociendo el carácter frecuentemente transnacional del delito y la
necesidad de una cooperación judicial y técnica que se amplía al sector
privado y a la sociedad civil organizada, pues se encuentra en proceso
de celebración un memorando de entendimiento con LATAM Airlines y la
ONG Valientes Colombia, orientado a facilitar el transporte aéreo
humanitario de víctimas y promotores, y a promover conjuntamente
acciones masivas de sensibilización y prevención del delito. Este es un
ejemplo claro de que la responsabilidad de la lucha contra la trata
trasciende el ámbito público y encuentra en las actuaciones particulares
un aliado fundamental.
La respuesta estatal ante esta problemática ha estado marcada por un
compromiso presupuestal y una articulación institucional. Es así como
entre 2020 y 2025, la apropiación para la lucha contra este flagelo ha
experimentado un aumento total del 605%, que alcanza más de
$15.628.777.088, una cifra que refleja la voluntad política del Gobierno
Nacional para cumplir sus obligaciones con la comunidad internacional
en materia de protección a los derechos de las víctimas y desarticular
las redes criminales. Este esfuerzo se complementó con una intensa
coordinación intersectorial, donde la Subdirección de Gobierno, Gestión
Territorial y Lucha contra la Trata, como secretaría técnica del Comité
Interinstitucional, consolidó la red de gobernanza al asegurar que los 32
departamentos del país cuenten hoy con un comité formalmente
constituido y un plan de acción formulado.
El Estado colombiano, a través del Comité Interinstitucional para la
Lucha contra la Trata de Personas presidido por el Ministerio del Interior,
continuará aunando esfuerzos para garantizar el abordaje integral de la
trata de personas desde un enfoque de derechos humanos y centrado en
las víctimas, fortaleciendo a su vez las herramientas para la
investigación y sanción de los tratantes.
Finalmente, Colombia insta a los Estados a desarrollar estrategias para
abordar las prácticas culturales que justifican y/o toleran la demanda y
práctica de la trata de personas, y en particular la finalidad de
explotación sexual de menores, y especialmente en el contexto del
turismo. Corresponde igualmente a una responsabilidad compartida el
trabajo de impedir que el delito sea visto como algo normal o aceptable.
